El PCE anima a las
bercianas y bercianos a sumarse a la manifestación en defensa del sistema
público de pensiones que tendrá lugar este sábado 17 de marzo en Ponferrada. La movilización partirá de las sedes sindicales a las 12 horas.
Aprovechamos para
reproducir el comunicado comarcal que
emitimos hace tan solo unos días con respecto al sistema público de pensiones y
que tiene total vigencia.
Isabel Maroto, Secretaria Comarcal del
PCE, ha criticado que el gobierno y la banca pretenden, “una vez más”, hacer
negocio con las Pensiones Públicas. Para la formación la estrategia de la
oligarquía pasa porque las y los trabajadores se vean abocados al negocio
privado de pensiones y, para ello, “no dudan en deteriorar el sistema público,
como hacen con la sanidad, para que lo privado sea más atractivo”.
Para Agure Bilbao, coordinadora de IU en
El Bierzo, el origen del déficit de las pensiones viene provocado por las
decisiones políticas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, las reformas
laborales que han provocado despidos, la reducción de los salarios y, a su vez,
de las cotizaciones sociales. Medidas que, argumenta, “solo han beneficiado a
los empresarios, y sin embargo han tenido un nulo impacto sobre el crecimiento
de empleo”. Un hecho es claro, hoy se recaudan 15.000 millones de euros menos
que hace 9 años, con prácticamente el mismo número de personas cotizantes.
Miguel Ángel Fernández, de Ponferrada en
Común, denuncia que el gobierno de Rajoy vació la hucha de las pensiones asfixiándola
en sus ingresos, como una “decisión consciente. No fue la crisis lo que provocó
el déficit, sino las políticas de austeridad aplicadas”. Isabel Maroto recuerda
que “el problema no es que se paguen pensiones altas, sino que se han
dinamitado los ingresos a la Seguridad Social”. El gasto público en las
pensiones españolas está por debajo de la media europea y, denuncian, la mitad
de las pensiones son inferiores a 800 euros.
Las tres formaciones han lanzado una
batería de medidas para solucionar el déficit, que pasan por incrementar
los ingresos por cotizaciones sociales. “No debemos olvidar que se
trata de salarios diferidos”, recuerdan. Sus propuestas pasan por perseguir el
fraude laboral, eliminar el tope máximo de cotización y las bonificaciones en
las cotizaciones sociales a los empleadores, “que nos cuestan el0,4% del PIB”,
denuncian. Además, proponen aumentar las prestaciones por desempleo, volviendo
a permitir que las y los parados de más de 52 años coticen, así como
estudiantes en prácticas y becarios/as. Por otro lado reivindican la elevación
del salario mínimo y la creación de empleo de calidad.
Ante esta última
medida se muestran tajantes: “si el sector privado no es capaz de hacerlo, que
lo haga el sector público”. Con estas medidas, argumentan, se podríanaumentar las pensiones mínimas, volver a
indexar la revalorización de las
pensiones al IPC y reducir la edad de jubilación por debajo de los 65 años.