La plantilla
de la concesionaria del peaje de la autopista entre León y Asturias, A-66, irá
a la huelga a partir del día 26 de julio durante 19 jornadas convocados por CCOO. Las y los 75 trabajadores de
Aucalsa protestan ante
la escasez de plantilla, los incumplimientos empresariales, los fallos en los
protocolos de salud y seguridad y la discriminación y represión de la actividad
sindical.
El
Partido Comunista de León ha querido lanzar un mensaje de apoyo a la huelga al
tiempo que previene ante el “discurso antisindical y la criminalización a las y
los trabajadores como está ocurriendo últimamente en las huelgas, especialmente
las relacionadas con el transporte y en periodo vacacional”.
La causa del problema
laboral está en los incumplimientos empresariales, los bajos salarios y la
falta de respeto a derechos básicos como el de sindicación. En la huelga, hay
dos partes, y advierte la organización, que se suele poner el objetivo solo en
una, las plantillas. “Los y las trabajadoras no hacen huelga para fastidiar las
vacaciones, sino que es la empresa quienes llevan a la plantilla al paro, suya
es la responsabilidad, y en ella, y en las administraciones recae su solución”;
apuntan.
El Partido previene a
las administraciones ante los “cada vez más habituales servicios mínimos, que
parecen máximos, y suponen un esquirolaje preventivo.” El PCE apela a empresa y
administraciones a no incurrir en la intransigencia que les suele caracterizar y
atiendan las “justas demandas de las y los trabajadores”, impidiendo así el
bloqueo de la vía.
En este sentido ha
querido hacer un llamamiento a la opinión pública: “nosotras/os como
trabajadores/as, que a su vez somos usuarios/as de la autopista debemos
presionar a la empresa, para que mejore las condiciones de la plantilla, a
nadie le gusta hacer huelga.”. Además señalan la responsabilidad de la
administración para que presione a la concesionaria y le haga cumplir sus obligaciones
laborales.
Por último, el PCE ha
querido lanzar un mensaje a las administraciones públicas para que se
desprivaticen las autopistas y puedan dar el servicio público que necesita la
provincia. “Acogiendo con plenos derechos, en las empresas públicas viarias, a
las plantillas de las concesionarias”, concluyen.
