Las condenas son sumamente desproporcionadas: los actos
juzgados fueron meras proclamas políticas sin impacto institucional. La judicialización de los sucesos políticos
conocidos como “el proces” nunca debería haber ocurrido.
El Partido Comunista de España quiere expresar su absoluta discrepancia con la sentencia acordada por el Tribunal Supremo en el caso del “proces”. El hecho de que el Tribunal Supremo haya impuesto condenas de prisión nos parece sumamente desproporcionado a la vista del nulo impacto institucional de las actuaciones realizadas por los condenados, que quedaron en meras proclamaciones políticas. Creemos que estas condenas -que además son sumamente duras- no ayudan a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que mas bien vuelven a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones que desde posiciones extremas únicamente pretenden perpetuar y enconar el conflicto para obtener réditos políticos cortoplacistas, fundamentalmente electorales.
La
judicialización del conflicto político nunca debería haber ocurrido. Ha sido
una muestra más de la incapacidad del Régimen del 78 para resolver sus propias
contradicciones, así como de las fuerzas políticas de gobierno implicadas, que
han sido incapaces de abordar desde el diálogo un problema estrictamente
político, no de orden público ni judicial. Cuarenta años después de aprobarse
la Constitución de 1978, lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del
actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización
territorial autonómica, entre otras cuestiones. Es necesario adaptar nuestro
marco constitucional a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro pueblo.
El
Partido Comunista siempre ha mantenido que durante el ‘Proces’ no había
existido ningún delito de rebelión ni de sedición, puesto que no ha existido
ningún alzamiento, ni violento ni tumultuario, que atacara a los poderes
judicial, ejecutivo o legislativo de España, ni que alterara el orden público
impidiendo el funcionamiento institucional. En Cataluña no ha habido ningún
Golpe de Estado, sino que se ha dado un proceso de movilización ciudadana
masivo, en el que se ha reivindicado un Estado republicano para ese territorio.
No es aceptable ni política ni jurídicamente, que una movilización popular y no
violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición, aunque haya
reivindicado objetivos políticos no previstos en nuestra constitución.
Las
movilizaciones populares masivas no pueden ser consideradas violentas por
exigir reivindicaciones no contempladas en el marco constitucional. En eso
consiste la libertad de expresión y manifestación. Nos parece impropio de un
Estado democrático que dirigentes sociales sin tareas de Gobierno hayan sido condenados
a 9 años de prisión por liderar movilizaciones populares que además no fueron
violentas
Esta
sentencia se acuerda, además, en un contexto generalizado de represalias al
movimiento popular. El Partido Comunista reitera su compromiso de enfrentar las
medidas de represión de los movimientos populares, solidarizándose una vez más
con todas las personas encausadas o condenadas por luchar por conseguir
derechos o una sociedad mas justa .
El
PCE, como siempre ha hecho, defiende un modelo de Estado republicano y federal
donde todos los pueblos y nacionalidades que conforman España puedan convivir
solidariamente y formar parte de un mismo proyecto de país que,
respetando nuestra realidad plurinacional, así como los sentimientos nacionales
de todos quienes habitamos España, anteponga los problemas materiales de la
gente a cualquier otra consideración, garantizando a todas las personas el
disfrute de los derechos civiles, sociales, ambientales, laborales,
culturales y de género, al margen del lugar donde residan.
Asimismo,
el PCE defiende la capacidad de decidir del pueblo catalán, a través de un
referéndum pactado que obligue a todas las fuerzas políticas a hacer su
trabajo, que no es otro que el de buscar una salida política a un conflicto que
no se resolverá ni por la vía judicial ni por el paso del tiempo. En estos
momentos es imprescindible retomar el dialogo político, entre las instituciones
centrales del Estado y las instituciones catalanas, y entre la sociedad civil y
fuerzas políticas de Cataluña y del resto de España, para entre todos y todas
buscar un entendimiento que permita resolver la crisis política en Cataluña.
Nuestra
apuesta política es la construcción de un amplio acuerdo sobre el modelo
constitucional que garantice la convivencia de Cataluña y el resto de
pueblos de España en un Estado federal y republicano donde todos los anteriores
se sientan participes de un proyecto común de país.
Trabajaremos
por esta solución política que haga posible un nuevo modelo territorial reflejo
de la plurinacionalidad del Estado. Para ello es imprescindible la libertad de
los presos así como el libre retorno de aquellas personas que hayan tenido que
abandonar Cataluña o España, en uno y otro caso por haber defendido o realizado
políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier
otra posición política.
