Iván
Pastrián, secretario político provincial del PCE de León ha explicado la
oposición del partido a la nueva subida de tasas de GERSUL, el Consorcio
provincial para la gestión de residuos. El PCE esgrime que “nuevamente se
quiere hacer pagar al pueblo la mala gestión de los residuos, con una tarifa
más cara y encima, a todos/as por igual.”
Desde
el PCE denuncian que el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de
la Vega (San Justo de la Vega) está viciado de origen. “Es un macro vertedero,
no un centro de tratamiento, reutilización y gestión sostenible de los
residuos. No lo decimos únicamente nosotros/s, las Juntas Vecinales, nuestros
cargos de IU o el movimiento ecologista, lo confirman”. Prueba de ello son las
denuncias de IU por irregularidades en las cuentas ante la fiscalía y el
Consejo de Cuentas de Castilla y León.
“Desde
2015 hasta la actualidad no se han presentado presupuestos y los informes del
Interventor del Ayuntamiento de León en las auditorías y la fiscalización
interna o a las nóminas de GERSUL, ponen de manifiesto las irregularidades”, explica
Pastrián.
Para
el PCE, el hecho de que el primer vaso del centro de San Román de la Vega esté
agotado, evidencia su carácter de vertedero y no de centro de reciclaje. Así
mismo apuestan por que se aplique un modelo de prevención en la generación, minimización
del impacto, reutilización y reciclaje, además de la recuperación. Incluyendo,
apuntan, la recuperación energética. “El
depósito en vertedero, debería ser el último paso, una vez desechados los
anteriores, generando una economía circular que abarate costes y beneficie al
medio ambiente y a las poblaciones”.
El
PCE apuesta por un modelo de gestión pública para la planta de tratamiento de
residuos. El Consorcio de GERSUL es una UTE formada por URBASER y FCC, empresas
en manos de los magnates Florentino Pérez y Alicia Koplowitz. “No podemos hacer
que con deuda e intereses privados controlen a las instituciones democráticas y
atenten contra el interés público, se deben depurar responsabilidades
políticas, judiciales y económicas, auditar las cuentas y apostar por un nuevo
modelo público, económicamente viable, socialmente justo y sostenible
medioambientalmente”, concluyen.
