Isabel Maroto apunta que “no se puede consentir que paguemos estos precios por la electricidad. Las compañías han sido privatizadas, el sistema energético de la comarca en manos de empresas italianas, parques eólicos de multinacionales noruegas y fábricas de renovables danesas despidiendo en un momento de auge del sector”. “Es la hora de volver a intervenir en el sector energético, fijando precios y producciones”, explican.
El actual sistema
eléctrico hace que la electricidad se pague al precio del productor más caro,
independientemente de que se haya producido a bajo coste. El PCE considera este
sistema como disparatado, y pone de ejemplo a las empresas hidroeléctricas,
quienes asegura que multiplican el precio al generar energía barata pero cobrar
el coste de la más cara. La formación apunta también al gas natural. “Además de
emitir CO2 es caro. Aquí cerraron el carbón para quemar gas de fuera. Siguen
contaminando, mientras la comarca se hunde y los precios se disparan”, lamenta
Maroto.
El PCE propone que las
centrales hidráulicas pasen a propiedad pública. “Muchas de estas concesiones
están próximas a caducar, con lo cual sería el momento idóneo para su
recuperación para el patrimonio público”, explican desde el PCE. Los comunistas
consideran a HUNOSA, empresa pública de minería, como una oportunidad para
crear una empresa pública de electricidad. La Hullera pública tiene una
infraestructura empresarial construida y podría hacerse cargo, señala Maroto.
En Asturias ya se está barajando la posibilidad con un apoyo creciente a nivel
social, político y sindical.
La formación considera
que este sería el punto de partida para nacionalizar el sector. “Evitar las
puertas giratorias, democratizar la energía y abaratar su factura, son razones
de peso para llevarlo a cabo”. Isabel Maroto apunta que esa empresa pública energética
debería apostar por fuentes renovables que tengan cómo clausula la fabricación
en España, fomentando la producción en empresas como LM.
Por último, la
organización ha anunciado que está pensando en una movilización para “cambiar
el sistema eléctrico, conseguir su carácter público y bajar la tarifa para
beneficiar a la mayoría de la población y no a los consejos de administración”,
concluyen.