La Ley de Igualdad de 2007 establecía la necesidad de implantar medidas para minimizar la brecha de género en las empresas a través de la negociación colectiva. Las Administraciones Públicas, recogía, deben "elaborar y aplicar un Plan de Igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo". Desde el 7 marzo de 2020 en las empresas de más de 150 empleados es obligatorio, en las de más de 100 desde 2021 y en aquellas que están entre 50 y 100 desde 2022.
A día de hoy, terminado el plazo
legal, el ayuntamiento de Ponferrada no cuenta con un Plan de Igualdad que
luche por paliar las desigualdades en el plano laboral. Isabel Maroto,
secretaria comarcal del PCE, denuncia esta realidad: “no basta con hacer
declaraciones institucionales, necesitamos acciones reales que desde el plano
laboral luchen frente a la desigualdad y sean ejemplarizantes para la
sociedad”.
No es una novedad para nadie que los hombres siguen ocupando los puestos de responsabilidad y las mujeres las categorías más bajas, explican, pero si algo a erradicar.
El PCE denuncia además que el
Ayuntamiento de Ponferrada ha elaborado una Relación de Puestos de Trabajo que
no cumple con los objetivos en lo referente a las necesidades laborales del
Consistorio. La formación entiende que las RPT sirven para organizar las
necesidades laborales de la Administración, tratando de acabar con el
enchufismo mediante la definición de los puestos de trabajo que necesita el
Ayuntamiento. Esto evitaría, explican, que se hagan plazas a medida para los
candidatos y mejoraría los servicios prestados. El PCE recuerda que el
Ayuntamiento ha gastado medio millón de euros en elaborar una RPT "que ni
siquiera cumple con un requisito fundamental para ordenar las necesidades de
personal" como son los Planes de Igualdad, pero tampoco establece un
organigrama correcto del Ayuntamiento. En este sentido los comunistas consideran
que el Gobierno Local ha tratado de esquivar un problema latente en Ponferrada
desde hace muchos años, como es el empleo público "y se han metido en otro
problema, sin solucionar el primero".
La organización ha instado a que
otros ayuntamientos grandes de la comarca, aunque no sea obligatorio, “que den
ejemplo como administraciones públicas y elaboren sus Planes de Igualdad
poniendo el acento en la feminización de la administración en el medio rural”.
Entre las propuestas del PCE están el
conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito
municipal en todos los grupos profesionales. Promover procesos de selección y
promoción en igualdad, conseguir un mayor grado de corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en la utilización de las medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, mediante campañas de sensibilización. Integrar la
perspectiva de género en todas las esferas municipales, incluido que los
programas de salud laboral contemplen las distintas necesidades de mujeres y
hombres o promover condiciones que eviten el acoso sexual y arbitrar procedimientos
específicos para su prevención, concluyen desde el PCE.