El PCE junto con IU y el Foro de Abogados de Izquierdas hemos
presentado una querella criminal ante el Tribunal Supremo ante los indicios de
posibles delitos de corrupción cometidos por el rey emérito, Juan Carlos Borbón
y personas de su entorno, al hilo de las grabaciones ya conocidas por la
opinión pública. “Presentamos la querella para que se investigue y se aclare si
se ha usado la jefatura del Estado en provecho propio y no para las funciones
a las que le obliga la Constitución”, sentenció el máximo dirigente del PCE.
“Desgraciadamente
no todos los españoles y españolas son iguales en derechos, ni iguales ante la
ley”, ha declarado nuestro secretario general del PCE, Enrique Santiago, ante
los medios al inicio del acto celebrado esta mañana en Madrid con motivo del 40
Aniversario de la Constitución española, acompañado por el coordinador general
de IU, Alberto Garzón.
La querella que
impulsa nuestro Partido conocida ya en las redes como “#QuerellaBorbón”, se
debe en palabras de Enrique Santiago a “la absoluta dejadez de las
instituciones del estado a la hora de investigar hechos que ponen de manifiesto
la evidente confusión entre las funciones del Estado y los negocios
particulares, probablemente de carácter ilegal que provocan desafección a las
instituciones y a la democracia”.
La querella
registrada ayer ante el Supremo se dirije sobre nueve personas, entre ellas
Juan Carlos de Bordón, su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan
Villalonga, y el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además
del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En el texto se
imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la
Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico
de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales,
encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de
secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre
particulares.
