El Partido Comunista de España en El Bierzo cuestiona el acuerdo alcanzado en Ponferrada para la construcción de 80 viviendas protegidas en La Rosaleda, que incorpora como condición un mínimo de diez años de empadronamiento, una propuesta impulsada por Vox y respaldada en el Pleno municipal por PP y Coalición por El Bierzo. Está medida dejaría fuera a un número importante de personas, particularmente jóvenes, que han desarrollado sus estudios y trabajo fuera del Bierzo. Por ello insisten en que esta medida únicamente sirve como propaganda ideológica. "Un inmigrante que lleve 10 años empadronado en Ponferrada podrá acceder a una vivienda, un berciano que lleve dos años trabajando fuera no".
Para el PCE de El Bierzo, establecer este tipo de requisitos supone introducir una lógica de competencia entre personas trabajadoras en el acceso a un recurso público escaso. La organización defiende que el acceso a la vivienda protegida debe atender a criterios de necesidad económica y habitacional, y no al origen o al tiempo de empadronamiento.
La formación advierte de que una persona nacida
en Ponferrada, una trabajadora llegada de otro país, una familia berciana que
ha tenido que marcharse y quiere regresar o alguien que lleva pocos años
residiendo en la comarca pueden compartir exactamente las mismas dificultades
para acceder a una vivienda. En este sentido, el PCE reivindica que «berciano
es quien vive y trabaja en El Bierzo».
El PCE considera especialmente significativo que
esta propuesta llegue mientras el Congreso de los Diputados ha rechazado este
mismo viernes los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. PP y Vox
han votado en contra de ambos textos, junto a otras formaciones, provocando que
decayeran medidas como la prórroga de los alquileres y determinadas
protecciones frente a los desahucios y recuerda al PP y vox "haber votado
junto a la derecha independentista catalana".
Uno de los decretos incluía además medidas
destinadas a limitar temporalmente determinadas adquisiciones de vivienda por
entidades cuya actividad pudiera contribuir a la especulación inmobiliaria. Para
el PCE resulta contradictorio hablar de «prioridad nacional» para acceder a 80
viviendas protegidas mientras se vota en contra de medidas que, según la
formación, pretendían limitar la actuación especulativa de grandes fondos de
inversión y fondos buitre extranjeros en el mercado de la vivienda.
El PCE de El Bierzo señala así una contradicción
política que considera relevante: mientras en Ponferrada se plantea quién debe
tener prioridad para acceder a un parque público de vivienda claramente
insuficiente, en el Congreso PP y Vox han contribuido con su voto a impedir
medidas estatales destinadas a reforzar la protección de los alquileres, de los
inquilinos y de la función social de la vivienda. Para la organización, son
precisamente la especulación y la conversión de la vivienda en un negocio las
que están privando a una parte importante de la mayoría social de este país del
acceso a una vivienda digna.
La organización considera que el debate sobre
vivienda debe situarse en las condiciones materiales de la clase trabajadora:
salarios, precio de los alquileres, vivienda pública disponible, especulación
inmobiliaria y capacidad de las familias para acceder y permanecer en una
vivienda digna. Para el PCE, el problema de la vivienda no lo provoca la
persona migrante que busca un alquiler, sino un modelo que convierte una
necesidad básica en una mercancía.
Desde el PCE de El Bierzo se reivindica una
política de vivienda pública suficiente y permanente, con criterios de acceso
vinculados a la necesidad social y económica, y no a la nacionalidad o al
origen de las personas. La clase trabajadora de El Bierzo, concluye la
formación, no necesita competir entre sí por un parque público insuficiente,
sino políticas que garanticen efectivamente el derecho a una vivienda digna.
