JOSÉ SARRIÓN ANDALUZ. Procurador en Cortes de Castilla y León. Miembro del Comité Federal del PCE
Pocas realidades sociales y antropológicas son tan incomprendidas y peculiares como la existente en las Cuencas Mineras de nuestro país desde hace siglo y medio. Ligada a la sociedad industrial desde su mismísimo origen, la Era del Carbón marcó la era contemporánea, creando dialécticamente riqueza y explotación, que dieron pie respectivamente tanto a la alimentación energética que precisaron las grandes sociedades industriales para su desarrollo, como al épico movimiento obrero minero, ligado a la entraña misma de la tradición socialista. No en vano, la literatura del realismo social ha estado ligada estrechamente al complejo y duro mundo de la minería (no sólo de carbón, aunque sí es la dominante en la literatura minera), desde Germinal de Zola hasta La Mina de nuestro Lopéz Salinas, pasando por El Tungsteno de Vallejo, o autoras como María Teresa León, Dolores Medio o Concha Espina. Josefina Samper y Dolores Ibárruri, por poner los dos primeros nombres que se me vienen a la cabeza, son hija y pareja de mineros, respectivamente. Podríamos seguir la lista indefinidamente.
En Castilla y León, las provincias de Palencia y León han sido las principales protagonistas de esta actividad. Son las llamadas Comarcas Mineras, que en nuestra Comunidad representan más de 110.000 personas, un peso nada desdeñable aunque pequeño en comparación con el que posee en nuestra vecina Asturias, la comunidad minera por excelencia. Se trata de comarcas que están marcadas de manera radical por lo que algunos han llamado el "monocultivo" del carbón. Nunca se les permitió otra forma de economía. Se recuerda por ejemplo cómo el Obispo de León, en sintonía con el empresariado minero, impidió la instalación de la factoría Renault en León hace décadas. Desde que la minería del carbón se implantó en la zona a finales del siglo XIX para alimentar la siderurgia vizcaína, ésta ha sido su única forma de subsistencia. Lo que explica la dureza de la lucha minera, que más allá de una reivindicación de un colectivo concreto, encarna siempre el futuro del conjunto de sus comarcas.
Cuando uno se desplaza hacia Pola de Gordón desde León, la primera ironía que se contempla es la presencia de la Central Térmica en la comarca vecina de La Robla, escupiendo humo a las caras de los mineros en paro. Quema lo que en las Cuencas se conoce como "carbón manchado de sangre": el negro mineral procedente de países como Indonesia, Colombia o Sudáfrica, donde no se han logrado las condiciones laborales que el sindicalismo minero logró en Europa. Es carbón procedente de explotación laboral, en ocasiones incluso de mano de obra infantil y/o semiesclava. Mientras el minero lacianiego, gordonés o berciano contempla la despoblación completa de sus pueblos debido al paro masivo, se le sigue escupiendo en la cara carbón del otro lado del mundo. El minero ha visto cómo se condena a sus hijos al paro para salvarles de contaminación y el cambio climático, y al final sufre las dos cosas.
La crisis del carbón, creada gracias a la liberalización del sector propiciada por PSOE y PP (sector que desde principios del siglo XX tuvo que ser protegido arancelariamente), fue respondida con unos Fondos MINER que se convirtieron en el mejor de los casos en un parche temporal, y en el peor de los casos en un despilfarro. IU (especialmente la de las comarcas mineras) lleva años exigiendo una fiscalización de dichos fondos, que en lugar de destinarse a reconvertir dichas Comarcas, permitiendo así una transición justa hacia un modelo económico no dependiente del carbón, se gastaron en la mayor parte de los casos en inversiones no productivas, en ocasiones sirviendo para aliviar los presupuestos de Ayuntamientos o Diputaciones.
Es preciso entender estas circunstancias, tan lejanas para el militante político capitalino o para los intelectuales de torre de marfil. Es en este marco en el que se produce el cierre de la Hullera Vasco-Leonesa, empresa fundada en 1893, y cuya explotación centenaria en Pola de Gordón es uno de esos ejemplos de "monocultivo" del que hablábamos antes. Si uno transita por los pueblos de la zona, encontrará auténticas aldeas mineras, como el caso de Ciñera, donde las familias habitan en las casas propiedad de la empresa (lo que da lugar a que, al entrar HVL en Concurso de Acreedores, se vaya a asistir a un desahucio masivo de más de 100 familias, si no somos capaces de evitarlo). El Municipio de Pola de Gordón ha perdido más de un 15% de presupuesto municipal de un día para otro solamente por la caída de ingresos por los impuestos municipales que pagaba la empresa. Dudo que existan en España muchos ejemplos de municipios que sufran restricciones tan dramáticas y repentinas.
En este marco surge un problema añadido, que viene a darle la puntilla al drama descrito. Una mina no puede cerrarse de un día para otro, poniéndole el candado. 120 años de minería de interior solo puede cerrarse de manera controlada, ya que lo contrario supone un alto riesgo de incendios, explosiones y contaminación de aguas subterráneas que afectarían a la salud, la seguridad y el medio ambiente de la zona. Además, dicho cierre controlado permitiría mantener una parte importante de los puestos de trabajo, lo cual podría aliviar tímidamente el inmenso drama social de las cuencas, permitiendo a una parte de los trabajadores alcanzar las prejubilaciones y salvar el inminente ERE.
El Gobierno emitió la Orden IET/594/2014, de 10 de abril, en la cual se establecen las bases reguladoras del Plan de Cierre para la minería de carbón no competitiva, que ahora está incumpliendo. Las ayudas al cierre se encuentran bloqueadas.
Dicho bloqueo de las ayudas al cierre ha motivado movilizaciones en la zona, así como el encierro de cuatro mineros durante 20 días, así como una huelga de hambre. Como hemos explicado antes, los problemas generados por el bloqueo a las ayudas al cierre no sólo acarrean importantes problemas para garantizar los derechos de los actuales trabajadores de HVL, sino que conllevan un riesgo muy elevado para la población del municipio y de los pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer que no se haga con los medios y las condiciones adecuadas. Riesgos como hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos o explosiones incontroladas. Hablamos de túneles con abundante acumulación de agua y de grisú, lo que hace imprescindible que se deban tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para los trabajadores y la población, así como la posibilidad de daños medioambientales. Para que el lector se haga una idea, existe carbón en combustión permanente desde hace décadas, que se mantiene controlado a través de la inyección de nitrógeno. Abandonar las instalaciones daría lugar al descontrol de dichos procesos de combustión que serían catastróficos para la zona.
De igual modo, una rápida liberación de las ayudas ya previstas podría evitar en un principio el expediente de regulación de empleo total en HVL, previsto para finales de julio, que afectaría a cerca de 200 trabajadores. El cierre organizado podría permitir la prolongación de un número significativo de los puestos de trabajo al menos durante tres años más, sin contar posibles prórrogas, lo que llevaría también a que haya operarios que puedan acceder de esta manera a prejubilaciones, algo que no tendrían de darse situaciones más rápidas.
Por todos estos motivos, desde IU se están desarrollando todo tipo de acciones, en los planos municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo. Hemos impulsado todo tipo de iniciativas parlamentarias y reuniones entre el Ayuntamiento y el Gobierno Autonómico, incluyendo una Resolución en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, un comunicado federal y una pregunta en el Parlamento Europeo a cargo de Marina Albiol, exigiendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo liberar las ayudas al cierre aprobadas por la Comisión Europea para el cese de la actividad minera.
No podemos dejar en la cuneta a comarcas a las que nuestro país y nuestro sistema económico obligó a depender de un solo sector, y que ahora contemplan con las manos vacías la muerte de toda la zona. Tras destruir su economía, hipotecar ahora su medio ambiente es el golpe definitivo para unas comarcas que llevan años observando día a día la crónica de su muerte anunciada.
