Hemos conocido a través del medio de comunicación
“ElDiario.es” que el empresario Javier Meléndez, marido de la actual presidenta
de las Cortes Silvia Clemente del Partido Popular, gastó 1.165.390 euros en
reformar sin licencia una casona rural que ambos han utilizado como residencia
en Pedrosa del Rey (Valladolid)
Se da la circunstancia de que dicho empresario Javier
Meléndez desarrollaba su actividad económica en el sector de la patata, aspecto
a considerar si tenemos en cuenta que cuando, según la información publicada,
se produjeron los hechos la actual presidenta de las Cortes Silvia Clemente era
consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera.
Según el secretario político del PCE en Castilla y León
Guillermo Ubieto “resulta curioso que un empresario dedicado al sector de la
agricultura emprenda junto con su pareja, consejera precisamente de
agricultura, una reforma de más de un millón de euros sin licencia cuando según
las investigaciones reflejadas por ElDiario.es los ingresos de ambos no
justifican una inversión tan elevada”
Y es que tal y como refleja el medio digital el empresario y
la actual presidenta de las Cortes no contaban con ingresos conocidos que les
permitieran afrontar con facilidad estos gastos suntuarios. El ganaba un sueldo
de menos de 3.000 euros netos al año y ella como consejera unos 70.000 euros
brutos anuales.
Además esta remodelación causó un litigio familiar con los
padres del empresario en cuyo transcurso se acredita que esta vivienda fue
utilizada por ambos como “domicilio conyugal” y son los propios padres de
Javier Meléndez los que ponen en duda su capacidad económica para afrontar la
obra y se hace referencia a la inexistencia de facturas justificativas de los
pagos.
Ante esta información el máximo responsable del PCE en
Castilla y León denuncia que “si como se aprecia en la información hecha
pública la actual presidenta de las Cortes Silvia Clemente usó dicha vivienda
como residencia habitual junto con su pareja, la política del PP debe aclarar
muchas cosas. En primer lugar si participó en la financiación de dicha
inversión (tal y como se desprende de la información publicada) y en segundo
aclarar como puede asegurar que no conocía las circunstancias que rodeaban a
dicha obra cuando ocupaba un cargo de responsabilidad política de gran
importancia”.
Por todo ello desde el PCE instan a las autoridades competentes
a establecer los mecanismos necesarios para investigar si existen indicios de
delito en todo este proceso, en especial la relación que podría tener el hecho
de que un empresario agrícola relacionado directamente con la entonces
consejera de agricultura tenga la capacidad de invertir más de 1 millón de
euros en remodelar el patio de una residencia de lujo.
Se han conocido muchos casos de corrupción y clientelismo en
el seno del Partido Popular, informaciones como la revelada recientemente no
hacen sino aumentar las sospechas y menoscabar la credibilidad y legitimidad de
las instituciones castellano leonesas. Desde el PCE queremos denunciar que en
una región momo Castilla y León donde 140.700 jóvenes salieron del mercado de
trabajo en la última década, donde el 35% de los asalariados lo son en
precario, donde la sanidad y la educación se privatizan y deterioran desde el
PP se utilicen las insitituciones como un cortijo donde asegurarse un salario y
desde donde no se protege a las castellano leonesas si no los intereses de una
minoría privilegiada.
Y es que Silvia Clemente, que ha hecho de la política una
forma de vida, lleva viviendo del dinero público media vida, ocupando como
representante del PP cargos públicos en las Cortes desde 2001 hasta la actualidad.
Según Ubieto “el Partido Popular ha creado una red clientelar en la que los
conservadores han ido colocando a sus acólitos demostrando que uno de sus
principios políticos es la parasitación de los recursos públicos y las
instituciones poniendo por encima sus intereses personales y partidistas en
lugar de buscar el bien común de las gentes de nuestra tierra que se le supone
a quien tiene vocación de servicio público”
Dadas las circunstancias el comité regional del PCE en
Castilla y León (máximo órgano de dirección regional del partido) considera que
por ética y responsabilidad la actual presidenta de las Cortes debe presentar
su inmediata dimisión y emplaza al Partido Popular de Castilla y León a
esclarecer los hechos y pedir públicamente disculpas por la imagen dada.
