Para
entender adecuadamente el momento en que se encuentra el debate sobre la
gestión de los servicios públicos y, más concretamente, de los servicios
públicos municipales, tendremos que hacer un poco de historia. No hace falta
remontarse mucho, basta con situarse en la década de los años 30 del siglo
pasado, cuando la economía keynesiana se convierte en el instrumento que saca
al mundo de la Gran Depresión, razón suficiente para elevarla a la categoría de
verdad absoluta.
El
predominio de esta concepción económica se prolonga hasta los años 70 que, con
la crisis del petróleo, pone en cuestión el paradigma keynesiano, que, como es
de sobra conocido, otorgaba un importante papel al sector público en el
funcionamiento del sistema económico. Nadie había cuestionado hasta entonces
que debía ser éste y no el sector privado, quien gestionara los principales
servicios de la colectividad.
Con
la crisis del petróleo los defensores del liberalismo ven la ocasión ideal para
pasar al ataque y, con ello, cuestionar la preponderancia y hasta la
conveniencia de la gestión pública. Es lo que se ha dado en llamar la
“revolución conservadora”, expresión contradictoria donde las haya, pero muy
apropiada para designar la arremetida de las políticas económicas de las
derechas que, con el liderazgo de Reagan y Thatcher y el apoyo teórico de la
Escuela de Chicago, van ganando terreno con rapidez.
En
definitiva, el capital encuentra en la crisis de los 70 la ocasión de oro para
penetrar en territorios que hasta entonces tenía vedados, de manera que a
finales de los 80 empieza a calar la especie de que sectores como el
abastecimiento de agua, el saneamiento, la limpieza viaria, la recogida de
basuras o el transporte urbano debían ser asumidos por el sector privado con el
argumento de que los ejecutivos de las empresas son los que saben gestionar y
los funcionarios no, al tiempo que se siembra la duda sobre su diligencia, su
competencia e incluso sobre su honestidad.
Como
consecuencia siguieron dos décadas de absoluto dominio de la “moda” de las
privatizaciones, a todos los niveles, desde el municipal al estatal. Pero la
“moda” está empezando a ponerse en cuestión y ello por tres buenas razones:
económicas, contables y fácticas.
Las
razones económicas no son nuevas, de hecho siempre han estado ahí porque se
fundamentan en la teoría del monopolio natural. De manera muy simple, un
monopolio natural es una estructura de mercado que no admite más de una empresa
ya que la concurrencia de varias elevaría los precios enormemente. Esto es lo
que ocurre con los principales servicios municipales. No tendría sentido que
varias empresas ofrecieran en una misma localidad el abastecimiento de agua,
por ejemplo, cada una con su propia red. Por no hablar del saneamiento – cada
empresa con su propia red de alcantarillado. Por tanto, dado que este tipo de
servicios solo pueden ser prestados por una empresa, parece que lo lógico es
que lo haga el ayuntamiento directamente, evitando el monopolio privado.
En
cuanto a las razones contables, son muchas y además fáciles de imaginar.
Podríamos resumirlas todas en la fórmula siguiente: el coste del servicio más
el beneficio empresarial siempre será una cantidad mayor que el coste del
servicio a secas.
Resulta
de lo más irritante tener que explicar que la ciudadanía no tiene por qué pagar
dividendos a los accionistas de ninguna empresa pudiendo evitarlo. Como tampoco
pagar el IVA del servicio cuando se lo ahorraría si lo prestase directamente el
ayuntamiento. O como otros pagos de dudosa o nula legalidad a los que una
licitación brinda una magnífica cobertura.
Por
último tenemos el tercer tipo de razones, que he denominado fácticas, sin duda
las más poderosas. Porque la fuerza de los hechos está muy por encima de la de
las teorías y las fórmulas. Hechos, además, muy cercanos tanto en el espacio
como en el tiempo. Me refiero concretamente al caso del Ayuntamiento de León,
literalmente en bancarrota allá por el año 2011, situación que arrastraba desde
hacía largos años y que habían contribuido a agravar las privatizaciones del
agua y las basuras. La solución fue la remunicipalización de ambos servicios,
con un ahorro, solo en el agua, de 7 millones de euros al año. Se podrían citar
unos cuantos ejemplos más, pero para muestra, un botón.
Un
último dato para finalizar: ya en 2013 un estudio del Tribunal de Cuentas,
organismo nada sospechoso de bolchevismo y sí muy sospechoso de liberalismo,
ponía en duda que la gestión privada fuese más eficiente que la pública. Por
algo sería.
