Años de privatizaciones
y externalizaciones que han puesto en peligro la vida de quienes lo han dado
todo y que merecen todo el respeto y un trato digno.
El neoliberalismo, la
mercantilización de lo público, es un valor muy peligroso que ha llevado a las
administraciones a renunciar a la rentabilidad social y atender la rentabilidad
económica que sólo ha enriquecido a los fondos buitres y grandes empresas que
encontraron en los servicios sociales un nicho de mercado.
Según datos del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), En Castilla y León un 74,2% de
las residencias y centros de mayores son privadas, frente a un 25,8% públicas.
Las cifras pueden
resultar frías, pero son muy elocuentes a la hora de reflejar en manos de quien
ha dejado el gobierno del PP en nuestra Comunidad la vida de las personas
mayores. De las 690 residencias de mayores que hay en nuestra comunidad 490 son
privadas y 200 públicas.
Hablando de personas,
hemos dejado en manos de especuladores y fondos buitres el cuidado y la vida de
34.464 personas mayores y atendido desde lo público a 11.993.
La privatización de los
servicios públicos, el mantra de que el “todo gratis” es insostenible, (una
falacia, ya que se afrontan vía impuestos) caló de una manera interesada en el
gobierno de nuestra comunidad, promoviendo que la iniciativa privada se
apropiase de los servicios públicos universales, que han dejado de ser públicos
lo que ha incidido de manera perversa en los derechos humanos más
fundamentales.
La muerte de nuestras y
nuestros mayores en las residencias y las condiciones de vida de estos y de las
personas que allí trabajan han destapado la cruda realidad y como los mercados
anteponen el beneficio empresarial a la vida. A situaciones como éstas son a
las que se refiere el Partido Comunista cuando dice que el capitalismo mata.
El movimiento feminista
venía denunciando la crisis de cuidados que estaba viviendo nuestra sociedad;
que todo aquello que las mujeres venían haciendo en sus casas de manera
gratuita y que hoy está en una gran mayoría en manos de empresas privadas,
trabajo que realizan las mujeres de manera muy precaria y sin derechos (más del
90% de las personas que trabajan en residencias y centros sociales son mujeres)
era una de las manifestaciones más crueles del capitalismo y el patriarcado.
La triste paradoja es
que las empresas que controlan las residencias de mayores dependen del dinero y
los recursos públicos. Empresas antes dedicadas al ladrillo que han encontrado
en la mercantilización de las personas un nuevo nicho de mercado: CLECE,
SERALIA etc. Empresas en manos de investigados por tramas de corrupción como
Ulibarri, implicadas en el caso Castor como Florentino Pérez controlan y
deciden como viven y en qué condiciones las personas mayores de nuestro país.
El PCE en Castilla y
León denuncia y exige al gobierno autonómico responsabilidades por haber
facilitado que fondos buitres, empresas del ladrillo gestionen las residencias
de mayores, muchas de ellas construidas con dinero público y dejando la gestión
de la misma en manos privadas, “el colmo del riesgo empresarial” dinero público
para aumentar beneficios empresariales.
Urge resolver la
situación actual de total indefensión de las personas mayores:
-Intervención por parte
de la Junta de Castilla y León en las residencias privadas concertadas y
públicas con gestión privada para garantizar que ninguna persona, ni residente
ni trabajadora ponga en peligro su vida durante la crisis del COVID-19.
-Investigar si en
alguna residencia de nuestra comunidad se cursó orden de no enviar a personas
con síntomas a los hospitales, y si así sucedió exigir responsabilidades a los
responsables de las empresas.
-Mejorar las
condiciones de las trabajadoras y trabajadores de las residencias tanto en
recursos como en horarios y salarios.
Las
políticas del PP y sus socios de gobierno en la Junta de Castilla y León que
han estado siempre al servicio y beneficio del mercado y del capital. Un
gobierno autonómico que ha gobernado más para el mercado y menos para la
mayoría social ha llevado a situaciones como las que denunciamos.
El PCE en Castilla y
León exige fortalecer el sistema de cuidados y trabajar en un modelo de
expropiación del sistema privado y concertado. Los servicios esenciales no
pueden ser un negocio. No se puede permitir obtener beneficios a costa de la
vida y la dignidad de las personas.
Todo
el poder para lo publico
