4.1 Arrebatarle al mercado los
servicios públicos para una provincia con calidad de vida.
Desde el PCE
defendemos el papel de lo público en la economía. En el caso de los servicios
públicos, más que una opción, es una necesidad para garantizar los derechos. En
el capitalismo lo que no es Estado es mercado, por ello no debería suponer para
nosotras/os una contradicción la defensa de más Estado, en todas sus
estructuras, desde lo local, lo provincial, lo autonómico y lo estatal.
Más Estado como
garantía de derechos en sanidad, en educación, en vivienda, en feminismo, en
cultura y ocio alternativo. Nuestra tarea tiene que ser ayudar a impulsar la
movilización social; toda acción popular, convocatoria, plataforma debe contar
con la presencia de comunistas, trabajar en el conflicto, construyendo y
organizando poder popular a través de la unificación de las luchas.
Organizar y
desarrollar modelos de convergencia con liderazgos colectivos, no tanto la
presencia de las cuotas como el trabajo por las bases.
Nuestra
propuesta general pasa por re-municipalizar servicios privatizados y la
creación de Consorcios públicos en sectores estratégicos. Allí donde no sea
posible o inmediato lograr la internalización de los servicios públicos
introduciremos cláusulas sociales en la contratación para asegurar unos niveles
mínimos de condiciones laborales, sociales y
evitar que acaben en manos de unas pocas multinacionales, favoreciendo
el tejido productivo local y provincial.
La reducción de
la jornada laboral a 35 horas sin merma salarial en la Administración Pública
para garantizar empleo de calidad y combatir el desempleo.
Los servicios
públicos deben estar al servicio de la reducción de las desigualdades sociales
y territoriales y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y el
pueblo. El papel de unos servicios Sociales Municipales fuertes y cercanos es
clave.
Debemos apostar
por nuevos modelos de gestión e intervención. Implantar la gestión telemática y
prestar atención a la realidad rural, aumentar las plantillas, priorizar
estrategias preventivas, coordinar las Políticas Sociales y evaluar el impacto
sobre género, discapacidad e infancia. Ligar el desarrollo de servicios
públicos que hagan frente al envejecimiento con la creación de empleo y
fijación de población en el medio rural.
El agua y la
energía son suministros mínimos básicos. Sólo el control público permite
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las
tarifas.
La vivienda es
una necesidad social y un derecho cuyo desarrollo debe estar ligado al proceso
de reconstrucción económica de la provincia. Desde su construcción,
especialmente en el medio rural a las políticas públicas destinadas a la
rehabilitación de la vivienda. Tomar medidas frente a la gentrificación, mediante la
planificación urbana y el incremento del IBI a un 100% para las viviendas
vacías.
El derecho al
transporte como un servicio público que articule el territorio, luche contra
las desigualdades sociales y la despoblación. El fomento del transporte
colectivo y el desarrollo del ferrocarril como elemento de desarrollo económico
y social.
4.2. Otra educación para otra sociedad
En primer lugar,
tenemos que partir de un análisis materialista a la hora de plantear el trabajo
que como Partido Comunista nos compete en materia de Educación. Partimos de la
base de que la educación es un elemento superestructural, un aparato ideológico
del Estado destinado a perpetuar el modelo económico. Necesitamos plantear un
modelo económico distinto al actual. Es necesario desarrollar una Educación
Pública, pero que vaya acompañada de cambios en el modelo económico a fin de
sentar una base estructural sobre la que el nuevo modelo educativo quede
plasmado.
Con este
objetivo estratégico, tenemos que plantear los objetivos tácticos en el marco
actual. Partimos de la base de la pérdida de alumnado de las aulas de la
provincia, dato que acompaña la pérdida poblacional que vive León, lo que
repercute en la reducción de profesorado, aulas, centros e inversión por parte
de los organismos públicos. Esto viene
unido a la temporalidad del profesorado y, por lo tanto, la precariedad y falta
de capacidad de asentarse en la provincia. No podemos entender la mejora en la
educación si la alejamos del resto de casuísticas que nos rodean.
Las cifras con
respecto al alumnado con las cuales nos movemos son 59.448 alumnas y alumnos en
la enseñanza obligatoria (primaria y ESO), 7.235 en Formación Profesional
(cerca de 3.300 en FP Superior, 2.629 en FP Medio y cerca de 700 en FP Básica)
y 10.344 en Educación Universitaria
(8.980 en Grado, 997 en Máster y 244 en Doctorado). Estos datos muestran
el peso de la Educación Universitaria en la provincia, ya que es una de las
cuatro Universidades que hay en Castilla y León y suele tener un gran número de
matriculaciones de fuera de la provincia de León.
Ante esta
situación, el trabajo que tenemos que marcarnos como Partido es, en primer
lugar, vincular la problemática educativa provincial con el resto de
problemáticas que nos afectan, haciendo así ver la causa-efecto en nuestra
realidad cercana del modelo económico capitalista.
Igualmente hay
que trabajar por plantar cara a las medidas económicas de la UE de dilapidación
de la enseñanza pública haciendo llegar a las masas un modelo de educación
pública, gratuita en todas sus fases, universal, laica, feminista, democrática
ecológica e inclusiva. Una educación alternativa a la actual donde se trabaje
por poner freno al modelo capitalista de educación, con plenas garantías de
derechos al acceso a la misma por parte del conjunto de la clase trabajadora,
donde el patriarcado no vea oportunidad de seguir reproduciéndose y donde se
trabaje por poner fin a la contradicción, al menos en este ámbito, entre
campo-ciudad. Del mismo modo se plantará un modelo de educación totalmente
pública, acabando así con la enseñanza concertada o donde los monopolios puedan
introducirse a fin de expandirse en nuevos mercados.
El PCE apostará
por que el Centro Integrado de Formación Profesional «Virgen del Buen Suceso»
(La Robla) pase a ser de gestión pública.
Denunciar casos
como el CP de la Puebla de Ponferrada o el IES Fernando I (Valencia de Don
Juan) donde se degrada la educación pública reduciendo profesorado y
masificando aulas. La solución pasaría por lo contrario, aumento de profesorado
y reducción de alumnado por aula en busca de una mayor calidad educativa.
4.3. La Sanidad Pública para garantizar una salud sin discriminación de ningún tipo
La Sanidad
Pública es la única fórmula a través de la cual se puede garantizar el derecho
de la población a la protección, prevención y promoción de la salud, sin
discriminación de ningún tipo. Un Sistema Público de Salud es imprescindible en
la búsqueda de un sistema que prime la justicia social y es el fruto de la
lucha de la clase obrera. Desde hace más de dos décadas, en nuestro país, este
sistema está siendo objeto del desmantelamiento sistemático para convertirlo en
un lucrativo negocio a través de distintas fórmulas, copiando el modelo
Británico de destrucción de la Sanidad Pública.
Los recortes,
fruto de este desmantelamiento, tienen consecuencias graves para la salud de
las personas y la comunidad y también para la fijación de población en las
zonas rurales. El Sistema, en su búsqueda de beneficios de tipo económico en
vez de sociales, ha abandonado, principalmente, la base de la Sanidad, la
Atención Primaria. Mientras, la iatrogenia se convierte en una de las causas
principales de muerte en los países de alto nivel económico. A su vez, se ha
olvidado la medicina del trabajo y la social y comunitaria. Necesitamos un
nuevo modelo de salud primarista, higienista, que también tenga en cuenta los
distintos determinantes de la salud, como son el medioambiente, la salud
laboral, las necesidades económicas, el estrés de un modelo de vida dentro del
sistema capitalista, el ruido, etc. La educación para la salud y la
participación activa del pueblo en estas materias es fundamental para crear ese
nuevo modelo de salud más justo y eficiente en términos sociales, además del
análisis exhaustivo de las necesidades reales de una población en constante
cambio.
Es necesario
acabar con los costosos conciertos con empresas privadas (San Juan de Dios,
Altollano, HM Hospitales –La Regla-, Clínica Ponferrada, Hospital La Reina,
externalización de pruebas diagnósticas) que mantienen las Gerencias de AP y en
mayor medida especializada, que supone un ingente trasvase de fondos públicos
que deberían ser empleados en ampliar y mejorar las condiciones de la
plantilla, los recursos y los servicios ofrecidos por las instituciones
públicas de salud.
Se deberá instar
a los Servicios Sociales de los ayuntamientos y a la Diputación, en la medida
de sus posibilidades y competencias, a la creación de planes de promoción de la
salud adaptados al terreno y otras posibles áreas como la salud bucodental.
Trabajaremos por
la creación de una unidad interdisciplinar de salud de la mujer en conjunción
con la universidad, el hospital y atención primaria, que estudie las
diferencias en salud con perspectiva de género.
El PCE trabajará
e impulsará las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública locales y
comarcales de la provincia bajo los siguientes principios:
·
Recuperación de un sistema de salud público al
100%, universal y gratuito, financiado a través de los impuestos a cargo de los
Presupuestos Generales. Este deberá ser equitativo en toda la provincia.
·
Especial atención a la Atención Primaria, la salud
comunitaria, la promoción y participación activa en Salud de toda la población,
incluyendo una perspectiva de género.
·
Hacer frente a las necesidades específicas y
acuciantes de la Sanidad rural.
4.4. Socializar los cuidados: la dependencia.
Según los datos
del IMSERSO, en 2017 en Castilla y León hubo 98.709 personas demandantes,
siendo un 64,71% (57.406) mujeres mientras que el 35,29% (31.303) restante
hombres. Una muestra de que son las mujeres quienes se encargan de los
cuidados, pero también son las que más los demandan.
La provincia de
León cuenta con 453.746 habitantes, de las cuales 123.800 son mayores de 65
años teniendo 17.252 de ellas derecho a prestación y 1.415 a atención en
centros residenciales. La mayoría de estas plazas son de centros privados, con
unas tasas inaccesibles para las familias trabajadoras, ya que rondan el precio
medio de 1.770€/mes
cuando la pensión
media no supera los 1.000€
mensuales.
El capitalismo,
a fin de reestructurarse y abrir nuevos nichos de mercado que permiten mantener
las tasas de ganancia, ha visto en las Residencias de personas mayores una
oportunidad con la que hacer negocio, especialmente en una provincia envejecida
como es León. Como comunistas nos oponemos frontalmente a esto.
La apuesta del
PCE pasará por trabajar por la gestión pública de las residencias así como el
aumento del número de plazas, de forma que se pueda dar demanda a las
necesidades de las familias trabajadoras reduciendo las listas de espera y
aumento el número de personas que puedan acceder a este servicio de forma
gratuita. Igualmente, trabajaremos por la revisión de los baremos, que
actualmente son muy restrictivos y alejados de la realidad sobre las necesidades
de apoyo a las personas en situación de dependencia, para que su aplicación
refleje la situación real de las personas a quienes valora y no se asignen
grados inferiores a los que corresponden.
Otro de los
puntos importantes será reflejar la opacidad del IMSERSO respecto a las plazas
públicas y plazas concertadas tanto de Gerencia de Servicios Sociales,
Ayuntamientos y Diputación. Esta ausencia de datos, orquestada para dilapidar
lo público, oculta una realidad como es la infrautilización de plazas
residenciales públicas, como es el caso de la Residencia Mixta de Personas
Mayores de Armunia con una planta entera cerrada.
Paralelamente a
esto, y con el doble objetivo de poder dar atención en los lugares habituales
de residencia y de aumentar el número de puestos de trabajo se trabajará por la
implantación de un sistema público de atención en el domicilio y de
tele-asistencia. Para lo cual será necesario el trabajo en los ayuntamientos de
los principales núcleos poblacionales así como con la Diputación para los
municipios de menos de 20.000 habitantes.
Otro de los
focos de trabajo en materia de atención a las personas en situación dependencia
se centrará en las personas con algún tipo de discapacidad o trastorno del
desarrollo. Este sector, entre centros de atención especializada y centros
espaciales de empleo, ocupa a cerca de 3.000 personas en la provincia de León.
La mayoría de las personas trabajadoras en la atención especializada (enfocada
más a los cuidados) son mujeres, mientras que en los centros especiales de
empleo (enfocado más a la producción) son hombres, por lo que los análisis de
género del resto de sectores económicos son igualmente aplicables a este
sector.
Los centros
especiales de empleo, lejos de la idílica imagen que ofrecen como elementos
integradores de las personas con discapacidad en la sociedad, son auténticos
focos de explotación. Estos centros se hacen valer de las ventajas fiscales
(bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social o el
pago por parte del Estado del 50% del SMI por trabajador) para ver aumentar sus
beneficios. El salario de los operarios con necesidades de apoyo, según
convenio colectivo, es equivalente al SMI, por lo que, haciéndose valer de las
ayudas estatales, las empresas con esta forma jurídica “gastan” por dos
trabajadores lo mismo que la empresa ordinaria por uno. Y eso ya sin entrar en
la modalidad permitida de “contrato de bajo rendimiento” que presupone un
rendimiento de trabajo inferior y el salario es del 75% del SMI.
4.5. ¿Cómo gestionar el turismo?
La provincia de
León cuenta con un patrimonio natural, histórico artístico e industrial que
debe ser puesto en valor y que no es deslocalizable. El desarrollo rural puede
tener un complemento en este sector, que sin embargo a día de hoy adolece de
infradesarrollo en algunas zonas y masificación en otras.
Mientras gran
parte de la población no tiene acceso al ferrocarril se apuesta por el AVE con
los costes económicos y ecológicos que supone como una forma de hacer de León
una zona de turismo de fin de semana o de convenciones.
Es necesario
buscar la reducción de los impactos ambientales del turismo, diversificando las
formas turísticas e integrando más armónicamente las necesidades del turista y
las de la población local. Apostar por un turismo sostenible integrando los
recursos locales, ecológicos, culturales, monumentales, artísticos,
gastronómicos, folklóricos, etc., y abrirse a esferas próximas para reducir o
eliminar la estacionalidad elaborando Agendas 21 Locales. La precariedad
laboral en el sector turístico es una realidad creciente.
Se ha de crear
una tasa turística para paliar los impactos sociales, territoriales y
ambientales de la actividad y garantizar la reinversión. Se deben evitar los
procesos de gentrificación regulando el alquiler vacacional y las plataformas
digitales de reservas.
La mejora de las
comunicaciones y del transporte público debe fomentar el sector, a la vez que
contribuye al desarrollo integral de la economía.
Es necesario
poner en valor el turismo de naturaleza y montaña, ligándolo a una gestión
sostenible del monte y el desarrollo económico, fomentando actividades de
comprensión, promoción y ocio. Potenciar los lugares de memoria obrera y
democrática: senderos por las rutas guerrilleras, el Frente Norte, las
movilizaciones obreras, musealización de lugares de memoria, etc. Apertura de
centros públicos de aprendizaje de castellano. Desarrollar nuevas formas de
turismo: de avistamiento, micológico, astronómico, enoturismo, cicloturismo,
gastronomía, actividades agropecuarias, aventura, etc.
