El PCE de El Bierzo denuncia
la situación de las residencias de mayores, agravada con la pandemia del COVID-19.
Isabel Maroto la ha calificado de “perversa e indignante”, tras “años de
privatizaciones y externalizaciones que han puesto en peligro la vida de mayores
y trabajadoras.” Para el PCE la mercantilización de lo público frente a la
“rentabilidad social” es un valor “muy peligroso que sólo beneficia a grandes
empresas que encontraron en los servicios sociales un nicho de mercado”.
Según datos del CSIC,
en León existen 77 residencias privadas, con 5575 plazas, frente a 34 públicas,
que albergan a 1969 ancianos. Maroto ha denunciado que “la muerte muchas
personas en las residencias y las condiciones de vida de quienes allí trabajan
han destapado la cruda realidad de cómo se anteponen el beneficio empresarial a
la vida. El capitalismo mata”, sentencia amargamente. La mayor parte de las
empresas que controlan el sector provienen del sector del ladrillo y han
encontrado un nuevo nicho de mercado gestionando el dinero público, cómo el
grupo CLECE o SERALIA. Algunas investigadas por corrupción como las de Ulibarri o Florentino Pérez.
El PCE recuerda que el
movimiento feminista lleva tiempo denunciando “la crisis de cuidados, aquello
que las mujeres venían haciendo en sus casas de manera gratuita, y que hoy
siguen haciendo en el mercado de forma muy precaria y sin derechos”.
El PCE exige al gobierno
autonómico responsabilidades por haber facilitado esta situación y urge
resolver el estado de “total indefensión de las personas mayores”. Piden la
intervención de la Junta de Castilla y León en las residencias privadas
concertadas, y públicas con gestión privada, para garantizar que ninguna
persona, ni residente ni trabajadora, ponga en peligro su vida durante la desescalada
del COVID-19.
El PCE ha denunciado “la
hipocresía del PP que clama porque no se derivan a hospitales a las personas
mayores y lo aplica donde gobiernan”. Según la organización “han puesto en
riesgo la vida del personal de residencias cuando no se les formó y tuvieron
que enfrentarse a tener “mini hospitales” en residencias privadas sin Equipos
de Asistencia. Por no hablar de la falta de medidas paliativas.”
El PCE insta a la Junta
a que no relaje la supervisión de las residencias privadas con la desescalada, pues,
argumentan, que “si nadie las controla, van a ir al mínimo gasto para proteger
a las trabajadoras. Más en un contexto que combina paro y escasez de Equipos de
Protección Individual. Se da la paradoja de que hay mascarillas que son más
caras de lo que se le paga a muchas profesionales por una hora de trabajo, reflejo
de la precariedad laboral”. El PCE insta a que se controlen las medidas de prevención
de riesgos laborales y “más con el riesgo añadido que se vive ahora mismo.”
Isabel
Maroto, ha concluido que “cuando terminemos con el Coronavirus hay que
replantearse todo. Los servicios esenciales no pueden ser un negocio. El
sistema de cuidados, debe estar únicamente en manos de lo público”. En este
sentido lanzan una doble propuesta. Por un lado exigen que las residencias
privadas pasen a gestión pública. Por otro, concluyen desde la organización, “¿Porqué
no crear una fábrica pública de material sanitario en El Bierzo? España debe
estar preparada para futuros riesgos y es el momento de relocalizar la
industria aquí y reindustrializar la comarca.”
