Es
por ello que Isabel Maroto (PCE) e Iván Fernández (IU) critican que la empresa
que lleva de viaje a Olegario Ramón es la misma que debería haber sustituido
las tuberías de fibrocemento en Ponferrada sin repercutir coste alguno, puesto
que los términos de adjudicación lo establecen así. Recalcan que según el
contrato esta empresa es la única responsable de realizar las obras que sean
necesarias para que el abastecimiento de agua se de en condiciones óptimas. Las
organizaciones critican que sean los ciudadanos quienes paguen de su bolsillo
las reparaciones, cuando hay una empresa con un contrato millonario que no
cumple con lo establecido. Según IU y el PCE esto es lo que ha sucedido
recientemente en la traída de agua de San Lorenzo, donde la sustitución de
fibrocemento ha sido cubierta por la Administración Pública, en lugar de la
empresa contratista.
Para
el PCE e IU este hecho se convierte en una causa clara de rescisión de contrato
con la empresa adjudicataria y piden al PSOE que sea “tan contundente” como
cuando subió la tasa de aguas a la ciudadanía para, según el propio Gobierno,
cumplir con el contrato. PCE e IU entienden que un servicio básico no puede
estar en manos privadas, y con una empresa que “encima no cumple”.
El
PCE e IU recriminan que se trata de una privatización de los servicios básicos
y esenciales mientras se cargan al erario público tasas de ganancia para la
empresa y obras. Las organizaciones de izquierdas sostienen que “el agua no
debe estar en manos privadas” y ponen de ejemplo el uso que hacen las empresas
energéticas del agua en las centrales hidroeléctricas.
