Por otra parte, desde el PCE criticaron duramente el tamaño de los apartamentos y tacharon de “infravivienda” la propuesta de la Junta, así como los métodos de asignación previstos. No obstante, los comunistas recalcan que ni la Junta ni el Ayuntamiento han sido capaces de cumplir este compromiso y que no hay fecha prevista para su ejecución. Por ello, tachan de “cortina de humo” la iniciativa del alcalde Morala para crear un registro de demandantes de vivienda social y recuerdan que “ya lo hace la Junta”, invitando a la ciudadanía a “comprobarlo en la propia página del organismo autonómico”.
En contraposición, los
comunistas denuncian que, mientras “se abandonan” los proyectos de vivienda
pública, el Ayuntamiento se muestra “eufórico” ante la construcción de 140
viviendas de “lujo” en la Rosaleda. En este sentido, el PCE considera que tanto
la Junta como el Ayuntamiento “no tienen ningún interés” en solventar el
encarecimiento de la vivienda, sino que pretenden revivir una “burbuja
especulativa”.
Según la formación,
lejos de solucionar el problema del acceso a la vivienda, “las instituciones y
el capital se conjuran para hacer negocio con una necesidad básica de la clase
trabajadora”. El PCE sostiene que la construcción de nuevas viviendas no
reducirá los precios “debido a acuerdos patronales que socavan la competencia”,
y pone como ejemplo el crecimiento del sector durante la primera década de los
2000, que “coincide plenamente con la mayor subida de precios”. Recuerdan
además que aquella burbuja explotó “con unas consecuencias nefastas para El
Bierzo” y lamentan que los representantes institucionales “quieran volver a
ello”.
Para la organización,
la única fórmula viable pasa por la creación de un banco público de vivienda
social que, además de promover nueva construcción, incluya la recuperación de
viviendas en el casco urbano. El PCE defiende que es fundamental inventariar
los solares y edificaciones en estado de abandono y poner en marcha un plan de
vivienda social tanto en el entorno urbano como rural. “Hay que excluir la
vivienda del mercado, desplazando a los especuladores y rentistas”
—apostillan—, “porque una necesidad básica nunca puede ser un negocio”.