Desde la formación
consideran inaceptable que una inversión superior a los 500.000 euros,
financiada con fondos públicos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), termine beneficiando a la Iglesia católica mediante la
cesión de la gestión de una infraestructura sufragada por toda la ciudadanía.
Además, ya se ha hablado públicamente de la instalación de una taquilla, lo que
evidencia que una actuación financiada con dinero público acabará generando ingresos
para una entidad privada.
La organización
comunista recuerda que El Bierzo continúa afrontando graves problemas de
desempleo, despoblación y falta de oportunidades, por lo que considera que esos
más de 500.000 euros podrían haberse destinado a proyectos con capacidad para
generar empleo, fortalecer el tejido productivo o mejorar infraestructuras y
servicios públicos de los que se beneficie el conjunto de la población.
El PCE del Bierzo
señala la responsabilidad política del Partido Popular, Coalición por El Bierzo
y el Partido Socialista, al entender que las tres formaciones han sido
partícipes de una decisión que vuelve a situar el dinero público al servicio de
los privilegios de la Iglesia. A juicio de la organización, este acuerdo
demuestra que las diferencias entre unos y otros desaparecen cuando se trata de
favorecer a una institución privada con recursos que pertenecen a toda la
ciudadanía.
Asimismo, el PCE del
Bierzo critica el papel desempeñado por Vox, formación que impulsó esta
iniciativa. La organización considera que la formación de extrema derecha
"se ha quitado la máscara", ya que acostumbra a calificar de
"chiringuito" cualquier inversión o entidad financiada con dinero
público, mientras que en esta ocasión ha promovido precisamente una operación
que convierte una inversión pública en un negocio gestionado por una
institución privada.
Para el PCE del Bierzo,
este convenio representa un nuevo ejemplo de cómo se socializan los costes de
las inversiones mientras se privatizan los beneficios. La organización insiste
en que cualquier infraestructura construida con fondos públicos debe mantenerse
bajo gestión pública y responder exclusivamente al interés general, sin
convertirse en una fuente de ingresos para entidades privadas.
El PCE del Bierzo exige
al Ayuntamiento de Ponferrada que reconsidere este acuerdo y garantice que las
inversiones financiadas con dinero público reviertan íntegramente en beneficio
de la ciudadanía, en lugar de consolidar nuevos privilegios para la Iglesia
católica.
