El Partido Comunista de
España en El Bierzo considera de extrema gravedad los hechos ratificados por la
sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León, que anula las
licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Ponferrada a la Red de
Calor promovida por SOMACYL en el barrio de Compostilla. La resolución judicial
ordena el cese inmediato de toda actividad, la paralización de las obras y
condena en costas al Consistorio, al constatar la ilegalidad estructural del
proyecto.
El PCE de El Bierzo
recuerda que desde hace años ha venido denunciando públicamente las
irregularidades urbanísticas en este proyecto, así como el uso fraudulento de
licencias provisionales para favorecer intereses privados en otros puntos del
municipio. En mayo de 2022 ya advirtió que la Red de Calor presentaba graves
deficiencias legales y que una eventual anulación judicial trasladaría la
responsabilidad a SOMACYL y al propio consistorio.
A juicio del Partido
Comunista, la sentencia revela una forma de actuar sostenida en el tiempo,
basada en el fraccionamiento artificial del proyecto, la ocultación deliberada
de su alcance real, la elusión de tributos municipales y la ocupación del
dominio público sin el título habilitante necesario. La justicia constata
además que la Administración local fue plenamente consciente de la magnitud del
proyecto y, sin embargo, optó por tramitarlo de manera parcial y opaca.
El PCE señala también
las claras responsabilidades políticas que se derivan de este proceso. El PSOE
fue quien gobernaba el Ayuntamiento cuando se concedieron las licencias
anuladas. El Partido Popular, desde la Junta de Castilla y León, impulsó el
proyecto a través del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En
ambos gobiernos "y como ya es habitual en asuntos oscuros" se
encuentra también el voto de Coalición por El Bierzo. Por otra parte, Podemos
se abstuvo ante un hecho irregular siendo consciente la formación morada de que
la central se situaba al margen de la ley, tal y como reconoció su portavoz en
la última nota de prensa, en la que corroboró su participación.
Para el Partido
Comunista, estos posicionamientos evidencian una connivencia institucional que
ha permitido durante años el avance de un modelo especulativo y opaco. Creen
que esto forma parte del funcionamiento normal del capitalismo, en el que los
organismos del Estado son utilizados como instrumentos de las empresas privadas
para maximizar sus beneficios. La novedad para el PCE es que las instituciones
"se salten sus propios marcos legales".
El PCE de El Bierzo
considera que no basta con renunciar a recurrir la sentencia. El Ayuntamiento
de Ponferrada debe reconocer las ilegalidades cometidas y rectificar el
proyecto en su conjunto. Esta rectificación debe partir de un nuevo
procedimiento administrativo con todas las garantías legales, transparencia y
participación ciudadana. Para el PCE es además imprescindible rediseñar el proyecto
como una verdadera red mallada de calor, ya que con la configuración actual una
avería puntual podría suponer una parálisis total de la red.
Del mismo modo, el
Partido Comunista exige la apertura de una auditoría pública que analice en
profundidad tanto la financiación del proyecto como el uso de fondos europeos
en su ejecución. Considera igualmente imprescindible la depuración de
responsabilidades políticas. En ello irían incluidos los responsables de las
gobiernos municipales implicadas para que aclaren "hasta qué punto eran
conocedores de las ilegalidades". Además, el PCE reclama la modificación
urgente del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada, que permanece
desfasado y sobredimensionado en relación con la realidad demográfica actual,
así como el fin del uso sistemático de licencias provisionales en suelos no
desarrollados.
El Partido Comunista de
España en El Bierzo concluye que esta sentencia no es un episodio aislado, sino
el resultado previsible de un modelo urbanístico basado en la excepción, la
arbitrariedad y el favorecimiento de intereses particulares. El fallo judicial
constituye una oportunidad para romper con esta lógica y recuperar una
planificación urbana democrática, sostenible y al servicio del interés general.
Según el PCE, la política urbanística no puede "situarse al margen de la
planificación democrático del dominio público" y este caso constituye un
claro ejemplo de que "cuando gobiernan los intereses privados pierde la
ciudadanía".
